EDITORIAL

29 de Septiembre del 2022

Durante la década pasada, entre las explicaciones que se entregaron para los bajos resultados de aprendizaje y la baja demanda por la educación pública chilena destacó siempre la “municipalización”, es decir, la transferencia de la administración de la educación estatal a los municipios durante los años 80. Si bien se presentaron varios proyectos de ley que intentaron abordar este tema, el único exitoso fue el presentado por la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Esta ley creó la dirección nacional de educación pública, y estableció un calendario para que los colegios municipales fueran transferidos a setenta nuevos servicios públicos (SLEP) que serían creados según un calendario que finalizaba en 2025.

Las múltiples advertencias que la oposición y varios expertos hicieron en ese momento se materializaron casi textualmente. Basta revisar los informes que el Consejo de Implementación y diversas universidades y agencias estatales han evacuado para concluir que la normativa adolece de problemas de diseño graves: se subestimó la extensión, gravedad y complejidad de los problemas administrativos y financieros de las municipalidades; se sobreestimó la capacidad profesional disponible en el país para dotar estos servicios y no se procuró una descentralización efectiva. Nunca se modeló bien el costo de implementación, ni lo que implicaría el despido de municipios sobredotados de personal. Asimismo, el hecho de que esta reforma pasara a llevar intereses políticos en los municipios ha llevado a que los mismos sectores que promovieron esta reforma con energía, estén pidiendo su postergación.

El gobierno del Presidente Boric ha propuesto una solución en dos pasos. La primera es una postergación del traspaso de los SLEP de este año mediante un proyecto de ley, lo cual es necesario y urgente dada la situación actual. Lamentablemente, los parlamentarios de la Comisión de Educación del Senado han caído en una irresponsabilidad mayor, al dificultar la tramitación del proyecto mediante indicaciones que escapan del objetivo del mismo y no hacen más que satisfacer agendas políticas particulares. La Sala del Senado debe actuar con cordura, rechazando estas indicaciones y acelerando la tramitación. El segundo es una reforma mayor al sistema que aún no se conoce, y que deberá sortear las dificultades propias de cualquier gobierno de minoría y baja aprobación.

Es necesario entonces que se actúe con moderación y prudencia, de forma de poner el interés de los niños de la educación pública por delante.

 

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