EDUCACIÓN


José Luis Velasco, presidente de la Aseduch, explicó que el rechazo a la propuesta, en materia de educación, se dio principalmente porque la gente notó que atentaba contra el derecho de los padres de educar a sus hijos, y por la alta carga ideológica que se establecía en los fines y principios propuestos. No obstante, considera que hay elementos a rescatar, y se mostró disponible para trabajar en un nuevo texto.

El presidente de la Asociación de Educadores de Chile (Aseduch), José Luis Velasco, en conversación con el Diario de la Educación, compartió su diagnóstico de las razones que llevaron a rechazar la propuesta de Nueva Constitución, en materia de educación, el que arrojó que los padres entendieron que, en el fondo, la propuesta buscaba excluirlos de la educación de sus hijos.

“En todo el articulado de educación hay una clara intención de que el Estado fuera quien manejara la educación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. A los padres solo se les nombraba en uno de los artículos, pero solo para darles la libertad, no el derecho, de elegir el tipo de educación para sus hijos. Uno podía ver como se traslucía una intención estatizante y homogeneizante de la educación”, manifestó.

En ese sentido, Velasco agregó que “los padres se dieron cuenta que esta propuesta atentaba contra su derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores, y que todo este sistema estaba armado para dejarlos fuera de la educación de sus hijos”, agregando que también influyó la carga ideológica que tenían los fines y principios que establecía la propuesta.

No obstante, y en el marco del consenso que se debe avanzar hacia una nueva propuesta constitucional, Velasco sostuvo que la Aseduch, “está dispuesta y disponible para trabajar en la construcción de una nueva propuesta constitucional en el área educacional, que represente el sentir mayoritario de los padres, apoderados y educadores del país”.

En esa línea, considera que se debe trabajar en una Constitución que cuente solo con elementos esenciales, entre los cuales destaca que “la educación es un derecho, donde toda persona pueda acceder, así como también, es una obligación de los adultos proveer esa educación, por ello el segundo elemento que debe contener es que la educación es un deber de los padres y, a la vez un derecho preferente de ellos, y que la sociedad civil, así como el Estado, tienen la obligación de ayudar a los padres a cumplir ese deber, pero no reemplazarlo”.

Asimismo, considera que otro elemento esencial es que “el sistema educativo tiene que estar armado de tal manera de asegurar que sea plural, inclusivo y de calidad, y eso pasa por la definición del derecho a la libertad de enseñanza, tanto de los padres de ejercer su derecho a la enseñanza de sus hijos, como la libertad de sociedad civil para abrir establecimientos educacionales”. Agregó que “la libertad de enseñanza va asociada a la creación de proyectos educativos diversos”.

Para que esa libertad se pueda llevar a cabo, la propuesta debe garantizar, en su opinión, que sea “el Estado el que provee los recursos a aquellos sectores socioeconómicos que no sean capaces de hacerlo por sí mismo, independiente de quien sea el propietario del establecimiento”.

El dirigente gremial considera que, dentro de lo rescatable de la propuesta rechazada, está la relevancia que se le da a brindar oportunidades y apoyo a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. “Creo que es muy importante que se ponga énfasis en nivelar la cancha para todos y dar oportunidades”.

Además, destacó el reconocimiento del rol fundamental de los profesores, educadores y de los asistentes de la educación. “El país le debe a los profesores mejores condiciones de trabajo, no solo salario. Un profesor debe tener la posibilidad de dedicarse cien por ciento a desarrollar su trabajo con la tranquilidad de que va a poder vivir bien”, concluyó.

 

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