Las diputadas Sara Concha, del Partido Conservador Cristiano y Francesca Muñoz (RN) presentaron un oficio en el que solicitan al ministro de Educación, Marco Ávila, informe sobre el desarrollo de las jornadas impartidas en distintos niveles de enseñanza, que forman parte de la nueva política nacional de educación sexual integral, que busca implementar el Ejecutivo con ideología de género, según precisaron

Concha sostuvo que “hay una preocupación importante por parte de apoderados, de saber cuál es propósito real y fin de estas jornadas que quiere implementar y que incluso ya se han implementado por parte del Gobierno y que de verdad se respete su derecho a educar, porque estamos claramente frente a un tema que tiene que ver con la ideología de género, todo esto después que han transcurrido cerca de seis meses desde la primera jornada y estamos ad portas de comenzar una nueva”.

“Y, por eso mismo, solicitamos se nos informe sobre los avances de esta nueva política del programa ‘Nuestras Voces hacen Ley, hacia una educación no sexista’, ya que hasta el momento no existe ningún material que permita acreditar el tipo de conocimiento retribuido por parte de todos los participantes, ello a pesar que en la página señalan que es estrictamente necesario tomar nota de cada uno de las opiniones efectuadas durante los grupos de trabajo”, añadió.

Por su parte, Muñoz manifestó que hay que recordar que está el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y se puede observar que la planificación y ejecución de las jornadas “se están haciendo a espaldas de los padres. Muchos padres y apoderados me han informado que no saben de estas jornadas y que ellos no han autorizado la ejecución de éstas hacia sus hijos”, acusó.

Del mismo modo, precisó que solicitaron se informe sobre los equipos que lideraran la recopilación de antecedentes y el análisis de estas jornadas, cuál es la idoneidad técnica y profesional de las personas que conformaran estos equipos de recopilación y análisis de datos y cuál es la idoneidad técnica y profesional de las personas que conformarán los equipos a cargo de elaborar la propuesta legislativa”.

“Y el involucramiento de los padres en este proceso, ya que hay que respetar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ya que acá se percibe una imposición del Estado y es una alerta roja que estamos levantando”, subrayó.