EDUCACIÓN


Padres y apoderados de distintos colegios denunciaron a través de redes sociales que a sus hijos e hijas les entregaron una papeleta de votación con “idénticas características a la que se utilizará este próximo domingo en el plebiscito constitucional de salida”, según el oficio presentado por los parlamentarios a la superintendenta de Educación (S), Marggie Muñoz.

Actualmente, la mayoría de las personas está de acuerdo con las clases de educación cívica en planteles del país, pero una enseñanza imparcial, donde la balanza no se incline preferentemente a un lado o posición. Y esto es lo que ha pasado y han denunciado padres y apoderados de distintos colegios, quienes, mediante redes sociales, acusaron que a sus hijos e hijas les entregaron una papeleta de votación con “idénticas características a la que se utilizará este próximo domingo en el plebiscito constitucional de salida”, según se describe en el oficio que la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional, hizo llegar a la superintendenta de Educación(s), Marggie Muñoz.

Los parlamentarios Andrés Longton, Sofía Cid, Hugo Rey y Sara Concha, quienes suscriben el documento, solicitan a la autoridad que entregue antecedentes de esta situación, la que se generó a través de la ejecución del programa “Voto Estudiantil” que desarrolló la ONG canadiense CIVIX, en estudiantes de 6° Básico a 4° Medio. El objetivo del programa era enseñar a los alumnos la importancia de los procesos electorales y del voto consciente e informado.

Según se explica en el escrito, se puede “estar de acuerdo con actividades que profundicen los deberes cívicos como condición indispensable para una democracia sana”, sin embargo, se destaca que “la actividad adolece al menos de dos irregularidades que la hacen incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y los derechos de alumnos y apoderados”.

Y esto porque ni padres ni apoderados fueron consultados “respecto de su adhesión a esta actividad”, que además resultó ser obligatoria y de lo que solo se podía excusar la niña, niño o adolescente a través de un certificado médico. Además, que existen denuncias de que hubo intención de incidir en la preferencia de los menores -hacia el Apruebo– “lo que importa un adoctrinamiento y una afectación sustantiva de sus derechos fundamentales, así como de derechos reconocidos en tratados internacionales vigentes en nuestro país”.

Los parlamentarios de RN también oficiaron a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a la que solicitan haga “ejercicio de sus facultades legales en relación a eventuales vulneraciones de niños, niñas y adolescentes”. Además, le piden “que investigue y eventualmente sancione los hechos denunciados”, y que “requiera de las autoridades del Ministerio de Educación los antecedentes necesarios”.

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