EDUCACIÓN


La propuesta busca generar políticas públicas que promuevan las medidas necesarias, para que los estudiantes accedan al material educativo de sus establecimientos vía remota.

La Comisión de Educación de la Cámara aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes.

La iniciativa busca asegurar su conectividad y el acceso a internet, como herramienta esencial en el derecho a la enseñanza.

En específico, la iniciativa establece el principio de equidad digital para el acceso a la educación. Ello, con el objeto de generar políticas públicas que promuevan medidas que permita el acceso de los estudiantes al material educativo de sus establecimientos vía remota.

De esta forma se entrega a las comunidades educativas, las capacidades y accesos para utilizar de la mejor manera posible las herramientas que entrega la conexión a internet. Asimismo, se busca disminuir la brecha digital que existe en el país y que perjudica el desarrollo de una educación integral, particularmente, con los efectos de la actual crisis sanitaria, según informan desde la Cámara.

El proyecto determina el principio de conectividad digital. Señala que el sistema propenderá al acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital, dentro y fuera de los establecimientos e instituciones educacionales.

Persigue garantizar que se cuente con la infraestructura y los servicios necesarios para el acceso a internet. Ello con la calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran. También, busca permitir el pleno ejercicio del derecho a la educación, adoptando las medidas necesarias para evitar la exclusión digital.

El texto señala que tienen derecho a conexión, los estudiantes de establecimientos educacionales que reciben financiamiento público. Estos deberán contar con internet de calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran.

Destaca que no se podrá determinar la repitencia de los estudiantes en el caso de que no hayan contado con los medios y herramientas. La norma precisa que será el sistema el encargado de proveer los insumos necesarios.

Además, establece que tratándose de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, las prestaciones deberán otorgarse, dentro de su zona de servicio. Lo anterior, en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa.

Agrega, que por motivos técnicos calificados, definidos de esa forma por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrá prorrogar dicho plazo por otros tres meses, no renovables.

El texto determina también que el proveedor deberá desplegar todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido, en el menor plazo posible. Especialmente cuando se trate de territorios donde existan municipalidades, establecimientos de educación y/o de salud que requieran de internet para su adecuado funcionamiento.

 

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