EDUCACIÓN


Desde la organización, que reúne a 15 planteles, manifestaron su disposición de colaborar, y sostienen que cuentan con docentes “de excelencia disponibles para apoyar y facilitar el proceso”.

“Nuestra disposición y la de nuestras casas de estudio de colaborar en el camino que como país estamos recorriendo”. Eso es parte de lo que planteó la Corporación de Universidades Privadas, en una carta del director publicada este fin de semana en El Mercurio, a la que adscribieron el presidente de la CUP, Cristián Nazer, quien también es rector U. Finis Terrae; Claudio Ruff, rector U. Bernardo O’Higgins; Pilar Romaguera, rectora U. de Las Américas; Santiago González, rector U. Central; María Olivia Recart, rectora U. Santo Tomás, e integrante del directorio ejecutivo CUP.

En la misiva se agrega que “las 15 universidades adscritas a la CUP representan casi un tercio de la matrícula universitaria y a ellas acceden estudiantes de diversos sectores económicos del país. Desde esta realidad, y en este espíritu, estamos convencidos de que en el debate por una nueva Carta Fundamental debemos hacer un significativo aporte; en este proceso las comisiones asesoras encargadas de la redacción del texto constitucional deben evidentemente incorporar a especialistas en Derecho Constitucional y a expertos de diversas áreas del conocimiento. Contamos con académicas y académicos de excelencia disponibles para apoyar y facilitar este proceso”.

En conversación con el Diario de la Educación, el presidente de la instancia, Cristián Nazer, explicó que a partir del nuevo proceso constituyente y la alta probabilidad de que se incluyan expertos en el proceso, “surgió el interés de ofrecer al actor político la colaboración de la academia. Sabemos que no somos los únicos que hemos hecho esto, pero creemos que es importante hacerlo, en el sentido de que, si algo queda claro en las distintas discusiones que analizan las posibles estrategias de continuidad del proceso constituyente, es la participación de expertos. No se tiene claro hoy de qué forma, si están dentro o de forma externa, pero finalmente parece que sí habrá expertos. En ese sentido, dado que en nuestras universidades hay personas de renombre y experiencia, creemos que es importante ofrecer ese apoyo desde nuestras universidades”, explicó.

Además, adelantó que ya trabajan en un documento que se entregará al presidente del Senado, donde “queremos ofrecerle nuestra colaboración” respecto de las personas, pero también en aquellos temas que les preocupan. “También poder expresar de una manera clara cuál es nuestra mirada de educación. Todos estamos muy claros que en la propuesta que fue rechazada en el plebiscito, había una inclinación importante hacia potenciar la educación pública y se hablaba nada de la educación privada, entendiendo esto de público y privado en cuanto a quien lo ofrece, y nosotros tenemos la idea que la educación como bien público es tal por quien la recibe y no tanto por quien la ofrece”, agregó.

Y en ese sentido, afirmó que “creemos que el sistema de provisión mixta que Chile ha tenido en los últimos años es sin duda lo que ha permitido el aumento de cobertura, el aumento de calidad, tenemos universidades privadas que tienen un desarrollo muy bueno, con aporte importante en formación profesional, en generación de nuevo conocimiento, investigación y vinculación con el medio, todo eso se hace tanto en universidades estatales como privadas y creemos que es importante mantener esto”, concluyó.

En la carta describen aquellos temas que debieran ser parte de una Nueva Carta Magna. “Es nuestra convicción que la nueva Constitución debe garantizar adecuadamente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Respecto de esta última, creemos indispensable defender su núcleo irreductible, consistente en el derecho de personas naturales e instituciones para abrir, dirigir y desarrollar proyectos educativos distintos de los estatales, lo que, en el caso de las universidades, comprende la autonomía académica, administrativa y financiera y el respeto por la libertad de cátedra”, sentencian.

“También debe asegurar la igualdad de oportunidades que el Estado otorgue a los estudiantes y en el diseño de las políticas públicas en materia educacional; el sistema de provisión mixta en todos los niveles educativos y la asignación de recursos estatales para el fomento y desarrollo de la investigación y la innovación”, añaden.

 

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