EDUCACIÓN


En entrevista con el Diario de la Educación, el abogado precisó qué se dice exactamente en el texto que será plebiscitado. “La carta constitucional vigente reconoce expresamente, como parte de la libertad de enseñanza, el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En la propuesta de la Convención, por otro lado, esta libertad queda totalmente vacía de contenido”.

El diputado y jefe de bancada UDI, Jorge Alessandri, hizo un crítico análisis de la forma en que la propuesta constitucional aborda la enseñanza privada en el país, concluyendo que significa “un retroceso respecto a la regulación actual” en cuanto a su protección, y se la somete “a principios y fines arbitrarios definidos por el Estado”.

En entrevista con el Diario de la Educación, el abogado precisó qué se dice exactamente en el texto que será plebiscitado. “La carta constitucional vigente reconoce expresamente, como parte de la libertad de enseñanza, el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En la propuesta de la Convención, por otro lado, esta libertad queda totalmente vacía de contenido”.

El parlamentario del gremialismo puso el acento en el inciso tercero del artículo 41, donde dice que “las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación”, explicando que “la libertad de cátedra de los profesores que impartan clases en establecimientos educacionales privados tendrá como límite los fines y principios de la educación, los cuales están definidos en el artículo 35”.

“Dentro de estos fines y principios se encuentran cuestiones como el enfoque de género y la interculturalidad. De esta manera, proyectos educativos que tengan un determinado enfoque cultural o que estén en contra de la ideología de género, no podrían desplegarse en su plenitud”, advirtió el legislador opositor.

Sobre el futuro de las escuelas, también fue enfático, sentenciando que quedará “al arbitrio del futuro Congreso la definición de los requisitos según los cuales los colegios particulares y particulares subvencionados podrán integrarse al sistema educativo”.

“Sumado a las limitaciones a la libertad de enseñanza y libertad de cátedra expuestos anteriormente, dejan a los estudiantes de establecimientos privados en una situación complicada, pues sus colegios podrán seguir existiendo en la medida que se ajusten a los requisitos definidos por el futuro Congreso, y los fines y principios de la educación definidos en al artículo 35”, agregó Alessandri.

Respecto a las universidades, puntualizó que se “consagra constitucionalmente la gratuidad en la educación superior, sin considerar que la capacidad de otorgar gratuidad depende directamente de la capacidad financiera del Estado”.

“Además, se promete una gratuidad en base a la institución y no al estudiante. De esta manera, si un estudiante desea contar con el beneficio, deberá elegir una de las instituciones seleccionadas por el Estado, limitando su derecho a elegir el proyecto educativo que más se adecúe a sus preferencias”, puntualizó.

Cápsulas Constitucionales

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