EDUCACIÓN


El parlamentario del Partido Republicano cuestionó que “si se sabe quiénes son, porque funcionan dentro del colegio, por qué no se les detiene al interior del establecimiento, cuando están cometiendo los delitos".

Ante los reiterados incidentes en el Instituto Nacional, el diputado Cristián Araya llamó al Ejecutivo a “terminar con este ritual destructivo” y “sacar de circulación a los overoles blancos de una buena vez”.

“Cómo puede ser que llevemos años en esta situación, donde un grupo de violentistas tiene capturado un colegio que era de excelencia y un faro de la educación pública, y el Estado se permita que lo destruyan una y otra vez, sin que se detenga a sus autores y se les ponga tras las rejas”, cuestionó legislador del Partido Republicano.

“Si se sabe quiénes son, porque funcionan dentro del colegio, por qué no se les detiene al interior del establecimiento, cuando están cometiendo los delitos. Y cuando se les detiene, por qué no se les deja en prisión preventiva hasta que los tribunales tramiten la causa y establezcan sentencias. Pareciera que el Estado ya asume estos hechos de violencia como parte del paisaje que se debe tolerar, pese a que la situación perjudica a cientos de alumnos, que no pueden estudiar con normalidad y tranquilidad, al punto que muchos de ellos son amenazados por pensar distinto”, añadió el parlamentario.

En la misma línea, dijo que cuando hablamos de que en Chile impera la impunidad, este es uno de los ejemplos más claros, ya que el “Instituto Nacional viene siendo vandalizado hace años por estos grupos de delincuentes que se esconden bajo supuestas causas estudiantiles, pero lo único que han hecho es destruir la educación pública y la calidad del que era considerado uno de los mejores colegios de Chile, donde se formaron importantes figuras públicas del país, incluidos presidentes de la república”.

“Emplazo al gobierno a establecer un plan en conjunto con las policías y el Ministerio Público para desarticular a esta banda de los overoles blancos, de manera que cuando sean detenidos, puedan ser formalizados y sentenciados por los tribunales. El Gobierno debe estar ocupado de defender los derechos humanos de los alumnos que están siendo vulnerados en su derecho fundamental a la educación. No se puede seguir permitiendo que inadaptados y delincuentes se impongan sobre los ciudadanos honestos que quieren vivir en paz y hacer su vida con normalidad”, concluyó Araya.

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