EDUCACIÓN


El parlamentario Jorge Guzmán recalcó que es preocupante que una gran mayoría de los chilenos, "según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, estén ganando incluso más bajo que la línea de la pobreza, y eso significaría que la política de estudio que está implementando el país no está mejorando la calidad de vida de las personas, sino al contrario, las está perjudicando”.

Los diputados de Evópoli Francisco Undurraga y Jorge Guzmán enviaron un oficio al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para que precise los datos del “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos”, pues manifestaron que las cifras son “contradictorias e inverosímiles”.

Según el documento que presentó el martes el Mineduc, cerca del 70% de deudores del CAE en etapa de pago tienen ingresos en promedio inferiores a $750.000 mensuales, lo que equivale a 465 mil personas; 81% menores a $1 millón y el 38% bajo los $250 mil mensuales. Por el contrario, tan solo el 8% posee superiores a $1.500.000.

Tras el reporte, Undurraga, quien es jefe de bancada, aseveró que “las cifras que conocimos no nos cuadran por ninguna parte, creemos que son mañosas, que no son reales y por lo mismo, nos gustaría conocer en detalle el Primer Informe del Crédito con Aval del Estado, ya que no lo tenemos”.

Además, agregó que “nos parece que, de ser real este informe, es demasiado grave; o sea, el país le ha entregado educación durante todos estos años a muchos ciudadanos para que ganen menos de $250.000 al mes… no me parece que sea la cifra correcta”.

Por su parte, Guzmán recalcó que es preocupante que una gran mayoría de los chilenos, “según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, estén ganando incluso más bajo que la línea de la pobreza, y eso significaría que la política de estudio que está implementando el país no está mejorando la calidad de vida de las personas, sino al contrario, las está perjudicando”.

Los parlamentarios precisaron que la aclaración de estas cifras permitirá tomar mejores decisiones en cómo se invierten los recursos en la educación superior.

El oficio solicita se remita a la Cámara una copia del estudio, además de las bases de datos utilizadas y que se informen las metodologías y los cálculos realizados para sostener tales informaciones. Del mismo modo, se pide que se precise el tratamiento que se dio a los deudores respecto de los cuales no existía información, puntualizando si en dichos casos se le imputó un ingreso de $0, o si bien, se les excluyó de la muestra.

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