EDUCACIÓN


Académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Karin Roa, explica las implicancias de suspender de manera obligatoria la prueba.

Varios especialistas han resaltado la importancia de contar con un instrumento que evalúe de forma periódica el desempeño de los docentes, y que no hacerlo afectaría “la reflexión y la mejora permanente de la práctica pedagógica”.

Hasta este lunes había plazo para ingresar indicaciones al proyecto de ley “Ley Miscelánea” impulsado por la cartera de Educación del gobierno actual. Dentro de las medidas que ésta busca, está la suspensión del carácter obligatorio de la Evaluación Docente hasta el 2023, lo que se traduciría en 4 años sin el instrumento implementado obligatoriamente. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Ley Miscelánea sobre educación, pero rechazó el punto que suspendía la evaluación docente para el 2022 y 2023 en agosto pasado. El gobierno intentará reincorporar este punto en la discusión, amparado en una petición realizada por el Colegio de Profesores.

La relevancia de que esta evaluación se aplique es porque hasta la fecha son cerca de 25.000 docentes los que no han rendido la evaluación en los últimos dos años, según publicó El Mercurio. Este instrumento da cuenta del ajuste entre la docencia actual y las definiciones que el país ha consensuado acerca de qué es una buena enseñanza.

Si bien es una medición perfectible, “es actualmente el instrumento de la política educativa que permite a las y los profesores formar parte de una carrera docente, es decir, de acceder a beneficios salariales y oportunidades de acompañamiento y desarrollo profesional. Además, permite promover la reflexión y la mejora permanente de la práctica pedagógica”, menciona la académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Karin Roa, en entrevista con el Diario de la Educación.

Para la académica, este año la evaluación debiese ser de carácter voluntario, pero en ningún caso suspenderse obligatoriamente. Acto seguido, afirma que “la evaluación docente requiere tiempo profesional para ser asumida con seriedad y calidad. Ese tiempo debiera ser dedicado este año al abordaje efectivo de situaciones nuevas y ajuste paulatino al regreso a la presencialidad, tras más de dos años de procesos sanitarios, sociales y escolares irregulares”.

Sin embargo, no parece haber claros beneficios para su aplicación voluntaria en el año 2023, que superen los costos asociados. “Después de tres años de voluntariedad, un cuarto año alejaría aún más en el tiempo la orientación que el Marco de la Buena Enseñanza ofrece a la docencia y diluye la percepción del carácter de proceso regular, ya institucionalizado en el general de los docentes”, menciona la académica de la Universidad de Los Andes.

“En lo concreto podría ocurrir, además, que se generen diferencias en el acceso real a beneficios y heterogeneidad de condiciones entre los docentes. Esto pudiera traducirse en percepción de inequidad, desmotivación e impotencia en el mediano plazo”, finaliza.

 

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