El aumento de la migración en Chile y la alta demanda que ha generado eso en los sistemas educativos de la zona norte del país, a abierto el debate sobre cuáles son las medidas más eficientes para poder hacer frente a uno de los efectos que está teniendo la crisis migratoria que existe en el país.

Parlamentarios de la UDI han presentado propuestas legislativas que van en la línea de modificar la Ley de Refugios y la Ley Migratoria, además de una Reforma Constitucional. En uno de las modificaciones que se busca hacer a la Ley de Migraciones, está la de redelinear el concepto de igualdad de condiciones, es decir, que si han servicio como jardines infantiles o consultas médicas, “que se encuentren colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos no podrá preferirse a los extranjeros y se permite la notificación mediante correo electrónico para procedimientos de expulsión, evitando la burocracia de las notificaciones personales”, según se explica en un comunicado del senador José Miguel Durana, uno de los impulsores de los cambios legales.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, explica que según los datos del Sistema de Admisión Escolar (SAE), de 2021, “muestran cómo Antofagasta, Alto Hospicio y Calama estuvieron muy cerca de estar en una situación de exceso de demanda de cupos escolares. Es posible que este año la presión que el aumento de la población migrante genera afecte la capacidad del sistema de responder a las necesidades”, indicó.

Para Rodríguez, una de las soluciones que pueden ayudar a enfrentar esta situación es “impulsar la cooperación público-privada: por ejemplo, liberando las restricciones que impone la Ley de Inclusión de “demanda insatisfecha”, lo que permitiría que los colegios particulares subvencionados ampliaran sus cupos rápidamente para recibir a estos estudiantes. A su vez, se podría acelerar la reforma a la Ley SEP- sin avances en el Senado- así como flexibilizar transitoriamente los requisitos administrativos para acceder a beneficios como alimentación y útiles escolares”.

Al respecto, Mariana Oyarzun, académica Facultad de Educación Universidad San Sebastián (USS), y directora del Magíster en Inclusión e Interculturalidad Educativa USS, enfatiza en que en el ámbito educativo se deben entregar igualdad de condiciones para que todos los estudiantes tengan accesos a la educación. “Por lo tanto, si se da acceso a que migrantes ingresen a nuestro país, tienes que darle las condiciones para ello y uno de las condiciones son salud, educación, vivienda, son elementos mínimos y en ese ámbito no puedes dejarlos de lado, sin educación y no puedes tampoco dar prioridad a los chilenos y a ellos no, es un tema complejo, pero si le estás permitiendo que ingresen al país, la educación tienes que dársela sí o sí”.

Y explica que quien debe proveer de eso es el Estado. “Se tiene que determinar una política en relación a aquello, no se puede discriminar. Si le estas dando acceso a nuestro país tienes que dar acceso a la educación, de calidad al igual que a cualquier compatriota. Además, se tienen que entregar todas las condiciones físicas que también los docentes estén preparados y que tengan el perfeccionamiento adecuado para ayudar abordar con las mejores estrategias y entregar una educación de calidad para todos los niños, tanto a los migrantes como a los chilenos”.

Por su parte, Andrea Espinoza Morales, directora Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), recuerda que, en Chile, “el acceso a la educación es un derecho asegurado para todos los niños y niñas, independiente de su nacionalidad y la condición migratoria de sus padres. Esas son nuestras leyes (en especial la de de garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia) y esos son los compromisos internacionales que hemos firmado como país. La verdadera priorización, entonces, debiese ser asegurar que a cada niño y niña que vive en nuestro territorio se le asegure su educación, y no promover exclusión de algunos en el acceso por el solo hecho de ser migrantes”.