EDUCACIÓN


Tanto la Universidad de Las Américas y la U. Central han sido rechazadas para acceder a la gratuidad, sin aparentemente mayores explicaciones por parte del Mineduc, lo que lleva a los especialistas a pensar que se trataría de “razones técnicas debatibles y donde parece predominar lo político”, así como “injustas”.

Luego que se informara del rechazo de la postulación a la gratuidad de dos planteles privados, la Universidad de Las Américas y la Universidad Central, lo que habría sido sin mayores explicaciones, expertos en enseñanza analizaron la situación, la que podría estar basada en razones políticas más que técnicas.

Una de las razones que llevan a pensar de ese modo, es la explicación que ha dado la Subsecretaría de Educación Superior. En un escueto comunicado, indicaron respecto de este caso, que “todas las instituciones de educación superior que se presenten al proceso de adscripción a la gratuidad son analizadas en su mérito de acuerdo a la legislación vigente. En tanto existan los procesos administrativos pendientes en las distintas instancias, no le corresponde al ministerio referirse públicamente, en resguardo de los derechos de los solicitantes. La adscripción a la gratuidad es un proceso formal, normado y reglamentado”.

Sin embargo, para algunos expertos en educación, dicha explicación es insuficiente para entender las razones por las cuales se está rechazando este derecho a planteles que tienen 5 mil y 9 mil estudiantes, respectivamente, que se verían directamente afectados si se mantiene la decisión.

Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar, manifestó que, “hasta ahora, la subsecretaría no ha transparentado las razones por las que se ha rechazado otorgar el financiamiento gratuito a los estudiantes de estas dos instituciones. Lo que sabemos es lo que las mismas universidades han comunicado. Y si nos atenemos a esto, se concluye que las razones técnicas son debatibles y parece predominar lo político”.

Por su parte, el académico de la Universidad Diego Portales y director del Programa de Doctorado de Educación Superior, José Joaquín Brunner, coincidió en que el problema es la falta de explicación, aunque consideró que las decisiones de los ministerios son inevitablemente políticas, pero que deben sustentarse en argumentos.

“Las decisiones de los ministerios son siempre, necesaria e inevitablemente, políticas, aunque tengan un marco técnico (…) Hay un imperativo ético que deben perseguir, cuál es, su orientación al bien común que se exige como un principio de justicia.  Parte del problema que vemos en el caso de las universidades mencionadas, pero también en otras decisiones similares, es una falta de explicaciones claras y razonadas de parte la Subsecretaría de Educación Superior, que permita a los ciudadanos examinar las decisiones adoptadas y si cumplen con los criterios mencionados. La opinión pública queda en la oscuridad”, sostuvo.

Brunner agregó que es un deber del ministerio informar. “Por cierto, es un deber mínimo de responsabilidad gubernamental. Es una obligación además de buen gobierno y un principio elemental de política pública”, enfatizó.

Según dijo, no hacerlo genera una serie de interrogantes e incertidumbre sobre cuál es el camino que seguirá el ministerio respecto de la administración de la educación superior. “El Gobierno debe aclarar pronto sus políticas para la educación superior, frente a la gratuidad, el crédito estudiantil y la fijación de aranceles, respecto de investigación, en relación con el presupuesto para 2023 (…) Lo mismo, en relación con becas y con la deuda estudiantil por conceptos de varios tipos de créditos. Especialmente en el momento actual, cuando el Gobierno está revisando y recalibrando sus políticas para tornarse más realistas y más conforme al marco de restricciones que el país enfrentará el próximo año, se torna imprescindible que el Mineduc entre en diálogo con las universidades para abordar en profundidad estos asuntos que son esenciales para el futuro del sistema en su conjunto”, explicó Brunner.

Para Rodríguez, el Ejecutivo solo ha sido claro en su política de privilegiar a las instituciones del Estado, lo que genera suposiciones que podrían ser perjudiciales para planteles de otros sectores. “Hasta el minuto, el Gobierno ha transparentado con claridad que su proyecto general es dar un trato privilegiado a las instituciones del Estado. Esto es problemático solo si el supuesto detrás es que, para beneficiar al mundo estatal es necesario afectar al privado, en otras palabras, ‘quitar los patines’. Sin ir más lejos, esa fue la tesis de la Convención Constitucional. Sería deseable que el Mineduc transparentara si comparte esa tesis”, recalcó.

Y agregó que la discusión de la ley de presupuesto, que comienza esta semana, podría arrojar alguna de las respuestas demandadas. “Hay que estar atentos a la Ley de Presupuestos, donde el Ejecutivo podría tratar de materializar una discriminación”, advirtió.

Ambos apuntaron a que los más perjudicados en esta situación son los estudiantes y su derecho a optar a la gratuidad en los planteles en los cuales deseen estudiar, sobre todo si aquellos cumplen con los requisitos solicitados, así como al derecho de las instituciones a seguir los conductos oficiales para reclamar.

“Las universidades tienen formas de proteger sus derechos y los ejercen, primero que todo, solicitando se reconsideren estas decisiones que parecen ni técnicamente bien fundadas, ni conforme a la normativa vigente, ni menos justas. Lo último es lo más grave, pues efectivamente podría perjudicar a los estudiantes. Es imprescindible y urgente que se incorporen a todas las universidades no estatales que cumplen con el requisito de la ley para beneficiar a sus estudiantes. Hay un principio básico de igualdad de los jóvenes chilenos respecto del ejercicio de este derecho que no puede quebrantarse; y que mañana debería quedar establecido en la Constitución y la ley”, enfatizó Brunner.

 

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