EDUCACIÓN


En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados expusieron la subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa y el vicepresidente del Cruch, Emilio Rodríguez.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que aplaza para el 2024, la entrada en vigencia de aranceles regulados para instituciones adscritas a la gratuidad.

Según informo del Centro de Prensa de la corporación, la idea es dar cumplimiento íntegro al procedimiento y plazos que la ley consagra en relación con la determinación de estos valores.

Por lo misma razón, según lo indicado, la fecha también corre para los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación establecidos en la Ley 21.091, sobre Educación Superior y que se subió al Boletín 14997 de la Comisión de Educación.

En la sesión, la subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa, se refirió a las conclusiones de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA).

Explicó que “las bases técnicas refundidas modificaron sustancialmente las bases anteriores”. Sin embargo, aclaró que ello se hizo sin recabar “oportuna y apropiadamente” la opinión de la CERA y de las instituciones, como mandata la Ley 21.091.

La autoridad del ramo hizo ver al respecto que “las bases técnicas refundidas contienen problemas de fondo”. A modo de ejemplo, precisó que “la principal materia apunta a una metodología de agrupación de carreras que produjo una excesiva atomización, inviabilizando cualquier procedimiento estadístico para estimar costos representativos”.

“El informe de cálculo elaborado por la subsecretaría anterior no es autocontenido ni replicable. Omite información importante de los pasos seguidos para establecer costos representativos y determinar aranceles regulados”, aseguró la subsecretaria.

Asimismo, añadió que “se detectaron errores e inconsistencias en la aplicación de la metodología establecida en las bases técnicas, además de errores de cálculos y pasos no declarados”.

En cuanto al contexto, la personera señaló que esta ley corta se hace necesaria debido a la colisión de plazos y procesos que existieron. debido a la colisión de plazos y procesos que existieron.

“La Ley de Presupuestos establece que los valores regulados deberán entrar en vigor a partir del año académico 2023. Para cumplir aquello, el Mineduc debió haber dictado resoluciones exentas con los valores regulados a más tardar el 30 de abril de 2022. Aquello se contradice con los plazos establecidos en el procedimiento que la propia Ley 21.091 establece”, sostuvo.

Por otra parte, Figueroa afirmó que existen críticas de forma y fondo al proceso que se hizo. “Entre las acciones que el ministerio ha tomado, la subsecretaria de Educación reafirmó que se encuentran el inicio de un proceso de invalidación de las bases técnicas refundidas”, puntualizó.

Asimismo, dio a conocer que se realizó un trabajo técnico y operativo a nivel de Subsecretaría y Gobierno, donde se conformó una mesa de trabajo interna. Por otra parte, indicó que se hizo un trabajo en conjunto con las instituciones de educación superior.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilena (Cruch), Emilio Rodríguez, detalló el acuerdo al que se acogió la entidad, en base a las expectativas.

“Esperamos que este sea un nuevo proceso participativo y que los planteamientos de las universidades serán efectivamente contemplados”, resaltó.

En ese contexto, dijo apoyar el proyecto de ley corta, porque permitirá abordar colaborativamente la implementación de los aranceles regulados, suspendiendo su aplicación para el año 2023.

Sin embargo, aseguró que el Consejo acordó pertinente establecer una serie de consideraciones para el desarrollo y funcionamiento armónico del sistema universitario.

Dentro de estas se encuentran, “el propender a la solvencia y garantizar ingresos mínimos; una evaluación y ajuste de las consecuencias de aplicación del artículo 108 de la ley permanente 21.091”.

Por otro lado, dijo, “tener en cuenta la complejidad de las actividades y funciones universitarias y contar con un modelo integral para aranceles regulados”.

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