EDUCACIÓN


El centro de estudios se suma a las discrepancias que han presentado diputados de Evópoli, respecto de las cifras y datos entregados por el Ministerio de Educación en su “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos”, donde se informó, entre otras cosas, que un 38% de los deudores presenta ingresos inferiores a los 250 mil pesos.

Luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer el “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos”, donde se advierte que “cerca del 70% de las y los deudores del CAE en etapa de pago tienen ingresos en promedio inferiores a $750.000 mensuales, lo que equivale a 465 mil personas. Asimismo, el 81% tiene ingresos inferiores a $1.000.000 y el 38% presenta ingresos inferiores a $250.000 mensuales. Por el contrario, tan solo el 8% posee ingresos superiores a $1.500.000”, se levantaron las alertas respecto de la metodología usada en dicho informe y los datos entregados.

María Paz Arzola, investigadora del Área Social del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, explicó al Diario de la Educación que, según su primer análisis a los cálculos realizados por la secretaría de Estado, le parece que las cifras “no parecen muy realistas”, si se comparan con lo que arroja la Encuesta Casen de 2020, mismo año que tomó el gobierno para rescatar los datos usados.

“Si uno revisa lo que ocurre a nivel nacional, la encuesta CASEN de 2020 donde si bien no se puede identificar solo a los deudores, pero sí se puede identificar a quienes han cursado la Educación Superior, ya sea que terminaron o no su carrera, es decir, podría servir de referencia, y esa encuesta te arroja que un 14% de quienes han pasado por la Educación Superior tendría ingresos por debajo de ese monto. Entonces un 38% versus un 14% no parece una cifra muy realista.  Sería interesante conocer más detalles metodológicos que permitan poder distinguir bien la situación entre los distintos deudores”, indicó.

Es por ello que la investigadora sostiene que “es clave que el gobierno transparente la metodología utilizada en el análisis, ya que incluso, información usada anteriormente, y que para ella es el indicador clave, que muestra no solo el ingreso del deudor, sino más bien qué porcentaje de sus ingresos representa el pago de la deuda, y que permiten determinar qué tan apremiado puede o no estar debido al pago de esta, no estaría en el informe que entregó el Gobierno”.

Agregó al respecto que “Yo hubiera esperado información un poco más detallada que permita realmente diferenciar la situación distinta que tienen los deudores”.

La importancia de este tema es que el informe es parte del trabajo que está realizando el Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, y la Segpres, para trabajar en un plan de condonación “que sea justo, progresivo, gradual y responsable fiscalmente”, según indicaron desde el Mineduc.

Arzola complementa que, si se quiere evaluar una política pública, cuyo costo está en torno a los 10 mil millones de dólares, se hace necesario en su opinión “no solo contar con información amplia y clara, sino también información detallada respecto de las diferencias que existen en la situación de los distintos deudores, porque efectivamente hay deudores que tienen deudas que significan un porcentaje muy alto de sus ingresos. Cuando uno, de alguna manera, está mostrando datos un poco distorsionados, agregados, pierde esas situaciones de vista y me parece que lo más conveniente hubiera sido poder llevar a cabo un análisis que lograra hacer una descripción mucho más rica, de tal manera de pensar las mejores políticas para precisamente ir en apoyo de aquellos que lo necesitan. En ese sentido, es clave transparentar la metodología para entender de dónde provienen estos datos”, sostuvo.

La posición de Arzola se suma a las discrepancias que presentaron los diputados de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes oficiaron al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para que explique tanto las cifras y datos utilizados, así como la metodología aplicada en el informe.

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