EDUCACIÓN


El Diario de la Educación tuvo acceso a un informe de Acción Educar sobre la forma en que es tratada la enseñanza en el texto de la Convención. “No se estableció un deber del Estado de ayudar a las familias mediante financiamiento, para que éstas efectivamente tengan libertad de elección, y no sean solo quienes tienen recursos económicos los únicos con libertad de elegir un proyecto educativo acorde a sus preferencias y convicciones, siempre dentro de las limitaciones que imponen los fines y principios de la Constitución”, dijo en parte de su documento.

Acción Educar elaboró un informe sobre la forma en que es tratada la enseñanza en la propuesta constitucional que será votada el domingo 4 de septiembre, y aún no es tarde para enterarse de detalles a considerar antes de sufragar.

El centro de estudios aclaró que el documento forma parte de “su misión de contribuir con evidencia, análisis y opinión al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación. Hemos sido parte del debate constitucional desde su inicio. Las ‘Series Constitucionales’ se concentraron en dar sustancia a los principales conceptos que debieron ser parte de la Constitución. Presentamos una iniciativa popular de norma, que tuvo cerca de 29.000 apoyos y fue discutida -y rechazada- en la Convención Constitucional. Así, durante más de un año de trabajo en la materia, hemos consolidado una posición sobre el texto”.

En esta síntesis, del análisis de la propuesta de Constitución, Acción Educar reiteró nuevamente que “es perjudicial la eliminación del derecho y deber preferente de los padres y tutores sobre la educación de sus hijos o pupilos, ya que es más amplio que la libre elección que contempla la propuesta. Se deja al Estado como el principal educador y relega a un segundo plano la participación preferente de las familias en la educación”.

Agregó que “la libertad de enseñanza no cumple con los estándares internacionales, pues es si bien incorpora la libertad de elegir el tipo de educación (una versión mezquina del derecho y deber de educar), no contempla la libertad y autonomía para crear y desarrollar proyectos educativos propios, solo lo hace para los pueblos indígenas”.

Sostuvo asimismo que “al establecer un listado taxativo de fines y principios, se afecta gravemente la existencia de un sistema educativo que cuente con proyectos diversos y autónomos. Lo anterior afecta gravemente la efectiva elección de los padres sobre la educación de sus hijos en conformidad a sus intereses, convicciones y valores”.

Acción Educar también planteó la calidad de la enseñanza “queda atada al cumplimiento de los fines y principios de la educación y de la Constitución, a pesar de que calidad es un concepto unívoco. Existe incertidumbre en cuanto a quién y cómo se verificará el cumplimiento del estándar de calidad”.

También hizo presente que, según la propuesta constitucional, “el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación es la educación pública, y garantiza gran parte de los esfuerzos del Estado en su ampliación, fortalecimiento y financiamiento. Esto podría generar una discriminación de trato entre estudiantes de 1° y 2° categoría, simplemente por no asistir a un establecimiento estatal. El énfasis por la educación estatal desconoce la composición actual del sistema educativo, donde un 55% de la matrícula escolar asiste a colegios particulares subvencionados y un 85% de sus estudiantes son considerados en condición de vulnerabilidad”.

Advirtió que en el texto a votarse el próximo domingo “se retrocede en garantizar constitucionalmente la obligatoriedad de la educación parvularia. La participación vinculante de las comunidades educativas presenta un riesgo a que decisiones que son estrictamente pedagógicas y estratégicas para un establecimiento, no sean analizadas y tomadas con la debida responsabilidad y razonabilidad necesaria”.

Educación superior sin autonomía

Asimismo, afirmó que la propuesta de Constitución crea un Sistema de Educación Superior, que integrará todas las universidades, institutos, centros de formación técnica, academias creadas o reconocidas por el Estado y las escuelas de formación de las policías y fuerzas armadas, que considerarán las necesidades comunales, regionales y nacionales. “Son pocas las constituciones que hacen referencia a la educación superior, sin embargo, cuando lo hacen es para garantizar su autonomía. Lamentablemente, esta propuesta hace todo lo contrario, pues como ya se ha comentado, se establece un listado taxativo de fines y principios ideológicos, que deberán ser de carácter democrático y tener un régimen común”, puntualizó.

Adicionalmente, dijo que se eleva a rango constitucional la prohibición de toda forma de lucro y se establece la gratuidad para todas las instituciones públicas y otras que señale la ley. “Las universidades hasta ahora ya tenían esta obligación, con la propuesta se agregan los institutos profesionales y centros de formación técnica. No obstante, no hay claridad en cómo se gestionará dicha transformación, y cómo se resguardará el derecho a la educación de los estudiantes que hoy eligen estas instituciones. Se establece que el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se debe regir por los principios de equidad, inclusión y especial atención de los grupos históricamente excluidos. Esto sumado al establecimiento del acceso universal en todos los niveles, confunde sobre cómo serán los procesos de admisión de las casas de estudios, pues hasta ahora implicaban un proceso de selección de alumnos en base al mérito”, manifestó.

A esto se suma, según el centro de estudios sobre enseñanza, que “no se estableció un deber del Estado de ayudar a las familias mediante financiamiento, para que éstas efectivamente tengan libertad de elección, y no sean solo quienes tienen recursos económicos los únicos con libertad de elegir un proyecto educativo acorde a sus preferencias y convicciones, siempre dentro de las limitaciones que imponen los fines y principios de la Constitución. Adicionalmente, la Convención ‘rechazó’ también el artículo que establecía la posibilidad de que el Estado pudiese financiar establecimientos no estatales”.

 

Cápsulas Constitucionales

Suscríbete a nuestro newsletter

NewsLetter

Recibirás la información del mejor diario digital del país.

Completa este formulario de inscripción y recibirás nuestro newsletter




    * Todos los campos son requeridos.

    Un momento...

    Muchas gracias por suscribirte.

    Pronto empezarás a recibir en tu correo el NewsLetter de el Diario de la Educación.