EDUCACIÓN


Diputados de RN solicitaron al contralor que investigue si la autoridad ha aplicado o no la normativa sobre seguridad en establecimientos educacionales. La alcaldesa, por su parte, descartó las acusaciones, y aseguró que la normativa se ha empleado y eso ha derivado en 577 procedimientos durante 2022.

Hasta la Contraloría General de la República llegaron parlamentarios de Renovación Nacional para solicitar al ente fiscalizador que investigue si la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ha cumplido sus labores respecto de aplicar la Ley de Aula Segura en los sucesos de violencia y disturbios que se han repetido últimos meses en liceos emblemáticos de esa comuna.

Esto, luego que el ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, acusara que se instruyó la no aplicación de la Ley Aula Segura en los establecimientos, y en el marco de una escalada de actos violentos que se han generado en las últimas semanas, tanto al interior como en las inmediaciones de los establecimientos educacionales.

El diputado Diego Schalper, explicó que “se ha presentado un requerimiento a la Contraloría, con un objetivo muy concreto y es que el contralor conste si la alcaldesa de Santiago, a partir de una serie de antecedentes que hemos incorporado en el requerimiento, no está haciendo cumplir la ley. Es muy sencillo, los alcaldes, como funcionarios públicos, están sujetos a todas las limitaciones y exigencias que cualquier autoridad pública y esa autoridad lo que se le exige es que cumpla la ley y por lo tanto, nuestra convicción es que la alcaldesa Hassler, tiene que responderle al país de por qué no aplica la Ley de Aula Segura”.

El parlamentario agregó que “si el contralor constata que aquí hay una inejecución de la ley, nosotros tenemos la convicción de que los concejales podrían eventualmente proponer en el tribunal electoral regional podrían proponer una causal por notable abandono de deberes y traducir en su destitución”, sostuvo.

Qué dijo la alcaldesa

Consultada sobre ese requerimiento, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respondió que “no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente”, agregando que “quiero ser muy clara en señalar que se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa, y que se hacen a través de los directores y directoras, eso es importante que se conozca, tanto es así que hay 577 procedimientos que se han abierto sólo este año, a propósito de hechos de faltas gravísimas en comunidades educativas en la comuna de Santiago”.

La alcaldesa añadió que esos procedimientos han derivado en “sanciones, algunas incluso en expulsión, otras en cancelación de matrícula y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades educativas”.

Asimismo, indicó que el municipio está trabajando en los “temas de fondo: poder recomponer las relaciones después de que los años anteriores se quebraron relaciones al interior de las comunidades educativas y en ello poco ayudó el actuar que tuvo tanto el expresidente Piñera como el exalcalde Alessandri, justamente colegas de quienes hoy presentan la acusación. Creo que difícilmente nos pueden venir a traer recetas, pero son problemas profundos lo que esperamos que ellos y otras personas puedan proponer y podamos sacar adelante en conjunto los establecimientos educacionales de Santiago”, manifestó la jefa municipal.

 

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