EDUCACIÓN


Rodolfo Nahuelpán, presidente de la institución con sede en La Araucanía, planteó la incertidumbre que les genera que la propuesta constitucional no contemple a los colegios particulares subvencionados. Si bien dijo sentirse confiado en que, al ser una institución sin fines de lucro, con un gran número de beneficiarios, podrían optar a ser considerados como establecimientos públicos, reconoce que dicha omisión es riesgosa.

La Fundación del Magisterio de la Araucanía es una institución con más de 80 años de historia, sin fines de lucro, y que administra 103 establecimientos educacionales de diferentes áreas, entre ellos 12 liceos, 4 jardines infantiles, además de escuelas básicas. En total, su matrícula es de 18.500 estudiantes beneficiarios de este organismo, de los cuales el 90% vulnerables y un 30% de ascendencia Mapuche. Además, cuenta con 1.800 docentes y 1.200 asistentes de la educación y establecimientos ubicados en las regiones de Biobío, Los Ríos y La Araucanía.

Su forma de financiamiento es exclusivamente la subvención estatal, por lo tanto son considerados por el actual sistema como establecimientos subvencionados particulares. Tras la presentación de la propuesta final de Nueva Constitución, y la nula mención de estos colegios en el texto, Rodolfo Nahuelpán, presidente de la fundación mostró su preocupación al Diario de la Educación, ante la incertidumbre que genera el que estos establecimientos no estén contemplados como tal en la propuesta constitucional.

“Tenemos un cierto grado de incertidumbre ya que creemos que hay poca certeza respecto de lo que pasará con nuestra institución que administra colegios particulares subvencionados, partiendo de la base que sí se menciona la Educación Pública, donde nos pudiéramos ubicar, pero, lamentablemente, en ninguna parte de la Nueva Constitución aparecen explícito los colegios particulares subvencionados, esa es nuestra preocupación”, explicó.

Y si bien se muestra esperanzado en que por las condiciones de la institución que lidera, sin fines de lucro y con experiencia en el área, en un contexto de que se apruebe la iniciativa, puedan ser parte de la discusión parlamentaria y del nuevo concepto de educación pública.

“La tranquilidad viene en que he tenido entrevistas con el ministro y la seremi de la zona y nos han dicho que la no mención no significa que vayamos a desaparecer. No tengo por qué dudar de su palabra, pero hasta cierto punto, ya que cuando hay incertezas uno se queda con cierta preocupación. Hay cierto grado de riesgo, pero confío en la buena fe de las autoridades”, manifestó.

También mantiene esta preocupación, Luis Ojeda Lagos, director de la Escuela Padre Carlos, de 300 estudiantes de Lanco en la localidad de Malalhue, en Los Ríos, y es uno de los 103 colegios que administra la fundación.

El docente comparte la duda por la poca claridad del texto respecto de la educación particular subvencionada. Su temor está en que exista la posibilidad de una intención para hacer desaparecer este tipo de financiamiento para el sector que ellos administran. “La propuesta nos tiene inquietos y preocupados porque en ninguna parte del articulado se menciona explícitamente la educación particular subvencionada. Si bien se garantiza la libertad de enseñar, a los padres de elegir, pero sin embargo veo que los constituyentes coartan la libertad para fortalecer la educación pública y principalmente se está mermando la posibilidad del rol de los privados en este acaso. Vemos que a lo mejor pudiera existir una clara intención de terminar con los colegios subvencionados para destinar esos recursos a los municipalizados”, sentenció.

Cápsulas Constitucionales

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