EDUCACIÓN


El director ejecutivo del instituto, José Francisco Lagos, hizo ver que “tenemos una institucionalidad que funciona al menos en materia educacional. Habría que hacer los cambios de gestión y en materias legales para que mejore”.

Desde Res Publica, el análisis que se hace al categórico rechazo que tuvo la propuesta constitucional plebiscitada el domingo, arroja que gran parte del problema fue querer dejar en la Constitución, temas que son del día a día y que se deben modificar mediante leyes. Eso en general, ya que en materia de educación hay factores puntuales que, a juicio del director ejecutivo de ese instituto, José Francisco Lagos, influyeron en la derrota.

Entre ellos, “la desconfianza que tuvo la convención constitucional a la decisión de los padres y las familias de elegir un proyecto educacional; el interés de establecer un sistema nacional de educación con fines y principios que restringía la libertad de enseñanza; no haber sido claros con los colegios subvencionados, al punto que el oficialismo tuvo que hacer un acuerdo que aclarara este punto prometió una reforma al respecto; en educación inicial no haber garantizado más años de colegiatura como existe hoy; y en educación superior, constitucionalizar ciertos debates que le corresponden a la político contingente, lo que enreda el asunto”, explicó Lagos al Diario de la Educación.

Para el director de Res Pública, la propuesta presenta un problema sistémico por lo cual no se pueden rescatar cosas puntuales del texto presentado. “Aquí encontramos una falla sistémica y me parece que, en educación, la exacerbación de constitucionalizar problemas que mi juicio son de materia legal evitó la posibilidad de que esto fuera un avance, al contrario, terminó siendo una piedra en el zapato que algo que tenía perspectivas de mejorar la educación en Chile”, indicó.

En esa misma línea agregó que “no es el objetivo de la Constitución cubrir todas las necesidades que tiene la gente en educación, me parece que tiene que haber un piso mínimo de garantizar el acceso, pero todo el resto son contingentes y ponerlas en la constitución sería hacer promesas que no se pueden cumplir (…) por eso a mi juicio en lo que se equivocó la Convención fue en intentar constitucionalizar estos debates, que dependían mucho más de la gestión, la ley y de los recursos disponibles”.

“Tenemos una institucionalidad que funciona al menos en materia educacional. Habría que hacer los cambios de gestión y en materias legales para que mejore, pero a mi juicio, el problema educacional no está en materia constitucional”, precisó.

No obstante, ante el proceso que se inicia, “una nueva propuesta debiera considerar o incorporar la diversidad que existe actualmente en el sistema tanto de colegios, universidades, como también la provisión en particular, si es público, privado o subvencionado. Eso, a mi juicio es una figura que a las familias les convence, entre otras cosas, porque les da la alternativa de tener opciones distintas a las que entrega el Estado”.

Asimismo, consideró que lo mínimo es incluir a todos los actores al debate, y no solo a los institucionalizados. “Muchas veces se cree que los actores son las instituciones más organizadas como el Colegio de Profesores, pero hay que hacer un esfuerzo por hablar con todos actores de la educación, como padres y apoderados, profesores que estén o no colegiados, con los sostenedores de los colegios, con los directivos, es decir con todos los actores involucrados para que sea una cuestión más bien lejana a la ideología y que tenga como objetivo mejorar la educación en el país”, sostuvo.

 

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