EDUCACIÓN


José Francisco Lagos, director ejecutivo del centro de estudios, considera que esos dos temas debieran estar presentes sí o sí en un eventual acuerdo previo al plebiscito de salida, en materia de educación escolar.

En el contexto en el cual el Gobierno se ha abierto a impulsar acuerdos previos al plebiscito de salida del 4 de septiembre, desde el Instituto Res Publica priorizaron los temas que debieran estar presentes para posibles modificaciones en materia de enseñanza.

El director ejecutivo de esa institución, José Francisco Lagos, explicó al Diario de la Educación que, en materia escolar, tanto la libertad de enseñanza, como de restringir la utilización de criterios que fija la propuesta de Constitución, debieran ser los temas prioritarios a revisar.

“Los cambios tienen que ir por dos líneas: que la libertad de enseñanza no sea una garantía de papel solamente y que se abra la posibilidad de abrir y sostener colegios a las personas y no solo al Estado”, indicó.

Sobre ese tema, el artículo 41 indica que “Libertad de enseñanza y cátedra: Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes”. Y lo que se ha explicado desde Res Publica es que, si bien el texto constitucional establece la libertad de enseñanza, es una consagración débil en comparación con la actual Constitución, y que podría ser limitada por principios y fines que se mencionan en el texto constitucional. Asimismo, se omite el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

En segundo lugar, Lagos consideró que se debería restringir la utilización de una serie de fines que detalla el texto constitucional, ya que a su juicio podrían limitar la libertad de los padres de elegir el lugar donde estudiarán sus hijos.

Se debería “dejar más espacios para la libertad de las familias de proyectos distintos a los que fija la carta constitucional, porque esas 17 características que fija la Constitución limitan muchísimo los proyectos, y eso puede abrir la arbitrariedad del legislador o del gobierno de turno que podrían decidir limitar este derecho. Entonces, para que no se limite ese derecho, hay que restringir la utilización de esas características lo máximo posible para que sean las familias las que decidan y no el ministerio, los legisladores, ni la Constitución”, recalcó.

En ese sentido, la propuesta constitucional determina en el artículo 35 que toda persona tiene derecho a la educación, que es un deber primordial e ineludible del Estado, y que tendrá fines como “la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional”.

En el análisis que hizo Res Publica del texto de nueva carta magna, se establece que, si bien se consagra el derecho a la educación, éste queda sujeto a determinados fines y principios, “los cuales no necesariamente van a representar a toda la ciudadanía, por tener un fuerte contenido o sesgo ideológico, lo que pone en peligro el pluralismo en materia educacional”, según el reporte preparado por el equipo constitucional del instituto.

Cápsulas Constitucionales

Suscríbete a nuestro newsletter

NewsLetter

Recibirás la información del mejor diario digital del país.

Completa este formulario de inscripción y recibirás nuestro newsletter




    * Todos los campos son requeridos.

    Un momento...

    Muchas gracias por suscribirte.

    Pronto empezarás a recibir en tu correo el NewsLetter de el Diario de la Educación.