NACIONAL


El director de la Escuela de Negocios, Francisco Castañeda, enfatizó que "el gobierno de Boric recién ha tomado nota del cambio en las preferencias de los chilenos, pero aún se enreda en su propio laberinto".

El director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda, en conversación con el Diario de la Educación, analizó cómo están y terminarán el año las reformas del Gobierno y las expectativas de los chilenos.

El académico afirmó que “con una desaceleración de la economía mayor a lo esperado (-2% en el margen para 2023) de acuerdo con el reciente IPOM del Banco Central, y con una menor creación de empleo, acompañada de caídas en salarios reales, los espacios económicos para las denominadas reformas estructurales del gobierno de Boric se han reducido considerablemente”.

Precisó que “a las perspectivas de una menor inversión y consumo (luego del super boom de liquidez) para el 2022 y 2023, se agrega un sector de la construcción con costos más altos derivados de la mayor inflación”.

Del mismo modo, sostuvo que “esta mayor inflación, aunque levemente declinando, sumada a un encarecimiento de las tasas reales, está disminuyendo la  construcción un multiplicador de empleo en la economía”.

Al mismo tiempo, dada la caída en la actividad, el académico de U Mayor advirtió que la banca se vuelve más aversa al riesgo, exigiendo más garantías reales o aumentando los porcentajes de capital propio o pie en la compra de viviendas y para proyectos productivos en general.

“Esto acentúa y puede amplificar el mayor decrecimiento anunciado por el ente emisor. Por consiguiente, la economía en esta fase depresiva requerirá creación de empleo, y extra costos más allá de la inflación, llevará a más a empresas a la quiebra, lo que ha estado ocurriendo lamentablemente”, recalcó.

Agregó que “si a esto adicionamos un escenario internacional con corrección a la baja en forma significativa (la agresión a Ucrania ha distorsionado el espacio propio de la globalización y sus beneficios), los espacios de maniobra para tales reformas se han ido estrechando considerablemente”.

También recordó que hace unos meses, dado el lento dinamismo de la economía, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció 28 medidas pro inversión que tenían como costo tributario el 0,5% del PIB.

“Sincerar la meta de recaudación tributaria, implicó pasar de un teórico 4,1% del PIB en régimen en 4 años más, a un 3,6% del PIB luego de las medidas en favor de la inversión”, puntualizó.

Sin embargo, el director de la Escuela de Negocios de la U. Mayor hizo ver que “el actual escenario económico obligará a las autoridades a corregir a la baja su meta de recaudación considerablemente dado el magro crecimiento económico”.

“Del mismo modo, será necesario ajustar algunos componentes de la reforma previsional (la pensión universal PGU, es ya una gran parte del presupuesto de la nación) para que no incentiven la informalidad en el mercado laboral ni dañen el empleo debido a que esta cotización adicional del 6% implicará costos laborales adicionales para las empresas”, precisó

Agregó a lo anterior que el diseño del administrador estatal y del inversor estatal genera desconfianza en la población al ir este 6% de cotización adicional a una cuenta (seguro social) que se subdivide en una capitalización individual nocional (4,2%) y en solidaridad intergeneracional (1,8%, sistema de reparto).

Castañeda indicó además al Diario de la Educación que la gobernanza y diseño de estos nuevos vehículos “burocráticos generan temor en cuanto a la administración e inversión eficiente de estos ingentes recursos previsionales. Asimismo, debería haber más claridad de cuanto sería el potencial costo de estos pasivos fiscales contingentes de no cumplirse con los supuestos esperados de rentabilidad en las cuentas nacionales (por estados adversos de la naturaleza), e incorporarlo en los déficits fiscales y evolución de la deuda pública a largo plazo”.

Un tema candente y que está estrechamente relacionado con la capacidad de crecimiento y aporte del tejido empresarial pyme -dijo Francisco Castañeda-  es “la inseguridad y violencia en los cascos históricos de las principales ciudades de Chile que se arrastran desde el estallido social (octubre 2019); temor de turistas de ingresar al país, menores posibilidades de encadenarse a circuitos internacionales de mejor calidad para nuestros estudiantes (por criminalidad al alza), el cierre de atención de los negocios pequeños  varias horas antes del anochecer (el impuesto violencia afectando el empleo y la sobrevivencia de estos pequeños empresarios), la partida de las grandes empresas que migran al sector oriente de la capital, el cierre de supermercados, grandes tiendas del retail y de grandes ferreterías en sectores populares de las principales ciudades, todo lo cual afecta la calidad de vida de estos centros urbanos quedando aún estas zonas más empobrecidas; amén de afectar la seguridad de alumnos y profesores y el normal desarrollo de las actividades escolares en los llamados liceos emblemáticos por esta espiral de violencia. Todo lo cual tiene un costo futuro para familias de esfuerzos que apuestan por la calidad del sistema educativo como vehículo de movilidad social para sus hijos”.

Puntualizó que, al parecer, “las actuales autoridades de Santiago y otros municipios, recién se están dando cuenta de la real gravedad de esta situación y cómo esto afecta los derechos de la población a un desarrollo social sin temor a la criminalidad, para así desarrollar sus proyectos de vidas laborales y estudiantiles. Especialmente para los segmentos de pequeños emprendedores, trabajadores y estudiantes que se localizan en estas áreas que se han venido degradando urbanística y económicamente”.

Por tanto, consideró que “el consenso como sociedad es clave en esta coyuntura respecto a la mega crisis actual. Las prioridades de la población han cambiado y es responsabilidad del sistema político procesar estas señales y entregar respuesta país a los problemas actuales (migración descontrolada, delincuencia desatada, caída en el crecimiento, menor creación de empleo, deterioro en la calidad de la educación, entre otros). El gobierno de Boric recién ha tomado nota de este cambio en las preferencias de los chilenos, pero aún se enreda en su propio laberinto”.

 

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