NACIONAL


Según un informe elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB), las municipalidades serían las más perjudicadas con esta medida, ya que son las entidades públicas con mayor proporción de personas contratadas bajo esa modalidad.

En enero de este año, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N° E173171 en el que, salvo ciertas excepciones, exige a la administración del Estado abstenerse de contratar personal en régimen de honorarios para el año 2023.

Según éste, el traspaso desde la modalidad de honorarios a la contrata debe realizarse sin que se vean mermados los ingresos líquidos, lo que generará un cambio en la estructura contractual de distintos entes públicos, afectando directamente su presupuesto, organización y eficiencia.

Según el Informe Anual de Empleo Público de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para el año 2020, un 10,5% (45.005 personas) de los contratados en el Estado corresponden a funcionarios a honorarios, excluyendo al personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, el personal de las empresas públicas, los funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, así como los del Congreso Nacional. A lo anterior se suma que, según el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), un 57% de los servidores municipales se encuentran contratados a honorarios, alcanzando un total de 68.590 personas, en comparación con el personal a contrata correspondiente a 18.383 personas.

Dado este contexto y la pronta entrada en vigencia de la normativa, el Instituto UNAB de Políticas Públicas realizó un informe donde se estima el costo que generaría la implementación de este dictamen para las arcas fiscales. Para ello, plantea el escenario en que el empleador pasa a hacerse cargo de las cotizaciones legales del trabajador manteniendo el ingreso líquido del mismo.

De esta manera, el análisis concluyó que la puesta en marcha de la medida generaría un desembolso neto de entre $249.520 millones -en una estimación conservadora- y $338.113 millones -en un escenario menos conservador-, calculado en base a la cantidad de funcionarios a honorarios reportada por la DIPRES y SINIM, y los gastos judiciales reportados por el Consejos de Defensa del Estado.

En este sentido, es importante considerar que el costo estimado de implementación del dictamen es un costo cierto, que debería suceder a todo evento al ejecutarse el dictamen. Por el contrario, el ahorro en gastos judiciales por sentencias que se argumenta obtener como consecuencia de la implementación del dictamen es solo eventual y depende de la cantidad de personas que sean efectivamente despedidas y que tomen acciones judiciales.

“Es efectivo que existe un problema en el régimen laboral de los funcionarios públicos que exige una respuesta adecuada desde la política pública. Sin embargo, esta situación debe abordarse con una mirada sistémica que considere a todos los actores involucrados y que apunte a un Estado más moderno”, señaló el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa.

Asimismo, Raúl Figueroa agregó que “la forma en que se intentó solucionar este problema genera un impacto financiero en la gestión de los municipios que no ha sido bien ponderado por parte de la autoridad central. Por ende, parece necesario revisar la medida y avanzar en una fórmula que, por una parte, se fortalezcan los derechos laborales, y por otro, se involucre a toda la institucionalidad, especialmente a las municipalidades que es donde se concentran en mayor proporción los funcionarios contratados bajo esta modalidad”.

 

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