NACIONAL


Esta semana se conoció que la Partida de Salud en la Ley de Presupuesto 2023 incluye un ítem en el cual se busca destinar $23 mil millones para cubrir medicamentos de alto costo, cuya cobertura se judicializa cada año.

Tanto el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, como el presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud IPSUSS de la U. San Sebastián, Enrique Paris, coinciden en que decisiones como la conocida esta semana, donde Salud busca destinar $23 mil millones para costear medicamentos de alto costo cuya cobertura se judicializa dado que los seguros no los cubren, deben estar basadas en una evaluación previa de tecnología en salud, ETESA, que garantice costo efectividad.

Si bien ambos valoraron decisión del Gobierno de destinar recursos con antelación para cubrir esa judicialización, que involucra a pacientes cuyos tratamientos carecen de cobertura, se debe avanzar en políticas a largo plazo, que vayan en la línea de disminuir dicha judicialización.

Héctor Sánchez sostuvo que la judicialización para cobertura de tratamientos y medicamentos ha crecido de manera exponencial y explica que en aquellos países donde ha pasado, “no ha traído buenos resultados para los sistemas de salud ya que en último término son los tribunales los que terminan definiendo las políticas públicas en salud, y casi siempre con costo efectividad muy bajo para la población y la sociedad en general. Al final es una ‘justicia’ que la población que no judicializa el sistema, la paga muy cara”, aseguró.

Y en ese sentido, consideró que se debe avanzar en determinar “democráticamente un plan universal de salud para el país, que defina los límites y condiciones de la cobertura para atender la salud y enfermedad de la población, definido técnicamente y sancionado democráticamente”.

En esa misma línea, avanzar hacia un sistema “transparente, técnico e independiente, que dé confianza al país que las decisiones que se toman son justas y con un soporte técnico sólido y robusto que las sustentan. En el mundo se han diseñado sistemas  e instituciones  de evaluación de tecnologías sanitarias ‘ETESA’ que evalúan las diferentes tecnologías, medicamentos y tratamientos, y basados en información científica nacional e internacional recomiendan a los tomadores de decisión e informan a la población sobre los límites del sistema de salud y su oferta. Esto limita la judicialización y por otro lado entrega un marco técnico al sistema judicial para decidir en forma más razonable y basado en información sólida”, dijo.

Por su parte, Enrique Paris, si bien valoró que el Ejecutivo busque contar con los recursos que permitirán dar respuestas a los requerimientos de pacientes que recurran a los tribunales, consideró que aquellas coberturas debieran estar incorporadas en aquellas políticas públicas que ya existen en el sistema, para garantizar cobertura a largo plazo.

“Creo en las políticas a largo plazo. Me parece bien la iniciativa, pero sería mucho mejor incorporar ese tipo de tratamiento a la Ley Ricarte Soto o al GES para que se mantengan en el tiempo y que los pacientes sepan que, a lo largo de su enfermedad, van a seguir recibiendo apoyo económico o compra de medicamentos para paliar sus dolencias. Cuando uno instaura planes anuales que después no tienen continuidad, produce mucha frustración y mucho dolor en los pacientes ”, explicó el también exministro de Salud.

Además, destacó que este tipo de decisiones debieran estar basadas en evaluaciones fundamentadas. “Para adoptar este tipo de decisiones debe existir la evaluación de tecnología sanitaria, es decir ETESA. Se debe potenciar ETESA para permitir que cuando uno tome este tipo de decisiones, éstas se basen en la evaluación de tecnología sanitaria, es decir en la evaluación de efectividad, de precio, y de los resultados a largo plazo de las terapias que se pretenden apoyar”, concluyó.

 

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