NACIONAL


La exautoridad de Salud y actual académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, Jaime Burrows, destaca que las investigaciones también debieran centrarse en aquellas personas que están demandando los permisos fraudulentos.

Esta semana se conocieron los resultados de una inédita investigación que terminó con 30 personas imputadas por fraude al fisco, 24 de ellas médicos colombianos, de los cuales siete quedaron en prisión preventiva y sindicados como líderes de la organización, y otros 21 con arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de emitir licencias médicas.

Se trataría de una organización que funcionaba para defraudar al fisco, y cuyos perjuicios tanto para el erario nacional, para las Isapres que pagan las licencias de sus afiliados, como par Fonasa que hace lo mismo con los suyos, estaría en torno a los 700 millones de pesos.

En ese contexto es que el exsubsecretario de Salud Pública, y actual académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, UDP, Jaime Burrows, explicó al Diario de la Educación la importancia de que investigaciones de este tipo generen tales resultados, así como las persecuciones que debieran producir en las próximas diligencias que realicen la fiscalía, así como las consecuencias para los médicos en su ejercicio profesional.

“Éste es un problema muy importante que tiene un gran impacto por la cantidad de recursos que el país gasta en licencia que no son justificadas”, sostuvo.

Asimismo, relevó que este fraude existe porque hay personas que están dispuestas a pagar por las licencias falsas. “Lo más preocupante es que exista un mercado, una demanda de personas que están dispuestas a comprar la licencia médica”, recalcó.

Agregó que “las sanciones deben ir a las personas que hacen el fraude, y también debiera incluirse las personas que compran estas licencias porque son parte de este fraude al fisco. Por lo tanto, uno sabría que ahora también se empezará a investigar y se llevará a los tribunales a estas personas”.

Asimismo, manifestó que en Chile no existen las leyes que permitan cesarle a los infractores su ejercicio profesional por este tema, por lo cual es probable que no existan sanciones en esa línea.

“En Chile la legislación no contempla en particular para esto una sanción como, por ejemplo, la revocación del título profesional. Sí en algunas circunstancias el ejercicio de la profesión en algunos recintos, pero no necesariamente eso limita al ejercicio profesional libre. Esto hace muchos años que ha sido solicitado por el parte del Colegio Médico, sobre volver a la tuición ética y con la posibilidad de que una de las sanciones que pueda aplicar el Colegio Médico fuera también la revocación del título profesional como existe la gran mayoría de los países”, sostuvo Burrows.

La investigación tuvo una duración de cinco meses y fue dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente. En el operativo que terminó con los detenidos, se allanaron dos centros médicos y 32 inmuebles, todos ubicados en la Región Metropolitana.

 

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