NACIONAL


En reuniones del segundo piso de La Moneda con autoridades de salud se evaluó la opción de reformar el sistema de manera acotada. Experto reitera necesidad de reformar el sistema.

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre uso de tabla de factores donde se les obliga a aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en 2019 a todos los contratos del sistema, es decir, tanto a los nuevos como a los anteriores a esa fecha, ha sido un nuevo balde de agua fría para las aseguradoras, que hasta ahora solo estaban aplicando a los nuevos contratos.

Si bien el fallo de la Corte Suprema le confirma al sistema que pueden hacer uso de ese instrumento que es utilizado por las Isapres para determinar el precio de los planes de salud en base al riesgo de cada afiliado, e incluir a sus cargas, algo que estaba en ascuas desde el 2010, se les obliga a que esa aplicación solo debe ser con la tabla que definió la Superintendencia de Salud en 2019.

La situación se suma a diversas complejidades que han venido sorteando las aseguradoras privadas, pero que en lo general se refieren a una incerteza jurídica que han tenido desde hace más menos 10 años.

El dictamen le dio a la Superintendencia de Salud un plazo de seis meses para aplicar la medida, la que se está actualmente estudiando por el ente regulador, y son sus efectos, tanto en el sistema de salud privado como a los propios afiliados, lo que más preocupa.

Es de tal magnitud la situación, que las autoridades de salud se han estado reuniendo con el segundo piso de La Moneda, y según informa La Tercera, con el mismo Presidente Gabriel Boric, para evaluar los efectos y posibles acciones que ayuden a mitigar los impactos.

El lunes fue el turno del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi que se reunió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el director de Fonasa, Camilo Cid, y este jueves la cita fue con el mandatario y su comité político a quienes se les presentó la situación.

Si bien la vía administrativa, como ha funcionado hasta ahora la regulación del sector, es una opción, también se estaría evaluando la posibilidad de impulsar una Ley Corta que le permita a las Isapres más libertad de acción.

En ese sentido, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de reformar el sistema de salud privado de seguros.

A su juicio las autoridades de salud deben asumir que el sistema debe ser reformado, si ni quieren ser testigos de su desaparición y el efecto que eso tendrá tanto para los mismos afiliados al sistema, muchos de ellos con enfermedades importantes, y para el Fonasa, que sería el ente que tendrá que hacerse cargo de gran parte de esos afiliados.

“La autoridad política, es decir, el gobierno, el Minsal, la Super de Salud, deben asumir que la industria de las Isapres debe ser reformada. Esa responsabilidad política recae en el gobierno que tienen que hacer algo ahora, no puede seguir, cualquier sea el gobierno de turno, haciéndose los locos con esta reforma”, sostuvo Sánchez.

El académico agregó que “la industria ya no resiste más parches, y tanto los dictámenes de la corte como los de la Super de Salud, lo que hacen es alargar la agonía de una industria que si sigue con el actual marco regulatorio va a desaparecer en el corto o mediano plazo”, advirtió.

 

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