NACIONAL


Los obispos católicos se mostraron preocupados también por la “fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, lo que daña el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos”.

Los obispos católicos de Chile estudiaron la propuesta constitucional que será plebiscitada emitiendo un documento donde analizaron distintos aspectos del texto y, entre ellos, acusaron un “desigual trato” a la educación particular subvencionada.

En el documento -disponible en la web de la Conferencia Episcopal– advirtieron que “hay un silencio manifiesto en el proyecto de texto constitucional respecto de la educación particular subvencionada, que también tiene una función pública evidente”.

“Si en el sistema particular subvencionado estudia más del 55% de los estudiantes chilenos, con un altísimo porcentaje de estudiantes vulnerables, ¿por qué no se consagra el derecho constitucional a esas otras propuestas de iniciativa particular, subvencionadas con fondos públicos de Educación, bajo la supervisión del Estado, para garantizar la libertad de enseñanza que se declara en el art. 41,1? El Estado tiene deberes de rango constitucional no solo con los estudiantes de sistema público, sino con todos los estudiantes del país, por lo que debería consagrar igualmente el apoyo y fortalecimiento de establecimientos educacionales no estatales, sujetos a la supervigilancia de la autoridad”, agregaron los religiosos, en el marco de un encuentro que se realizó entre el 18 y el 22 de julio en Padre Hurtado.

Además, hicieron ver que el texto no establece expresamente el derecho de los padres a crear y sostener establecimientos educacionales de diverso tipo, ni la obligación de proveer los recursos económicos pertinentes. “Sí lo hace respecto de los pueblos originarios, al reconocerles autonomía ‘para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura’ (art. 36, 5). Cabe preguntarse, por qué se explicita este reconocimiento solo a los pueblos originarios y no a otras instancias colectivas con sus propias cosmovisiones”, cuestionaron.

Asimismo, se mostraron preocupados por la “fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, lo que daña el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos”.

Al referirse a la libertad religiosa, afirmaron que la carta magna que se plebiscitará sostiene que “el Estado reconoce la espiritualidad como un elemento esencial del ser humano”. Seguidamente, precisaron que se estipula, sin embargo, que el ejercicio de este derecho debe hacerse “de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece”, lo que en “principio parece lógico”.

“El problema es que el proyecto, entre otros aspectos, sostiene el derecho al aborto, asume una orientación cuestionable de la educación sexual donde los padres participan de una forma muy insuficiente, y promueve una teoría radical de género; todos aspectos incompatibles con la fe cristiana. Al quedar sujetos a lo que establece la propuesta de Constitución, se pone en riesgo la libertad religiosa, lo que se agrava si consideramos que la propuesta no da un rango constitucional a la objeción de conciencia. Habría personas o instituciones que, por lo tanto, podrían ser forzadas a asumir prácticas o transmitir valores contradictorios con su fe”, alertaron.

En una revisión general, dijeron apreciar el “texto constitucional en su propuesta sobre los derechos sociales, el medio ambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios”. Y “hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina ‘derecho a la interrupción voluntaria del embarazo’”, enfatizaron.

 

 

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