NACIONAL


Si bien los días se espera se han reducido, no así las consultas de especialidad y cirugías en lista de espera, que a septiembre sumaban 2,1 millones y 328 mil respectivamente. Expertos coinciden en que exitosa fórmula de colaboración público-privada utilizada en pandemia podría replicarse.

Una de las metas que el presidente de la República, Gabriel Boric, le encomendó a la recientemente nombrada ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue la reducción de listas de espera para consultas de especialidad y cirugías, que tras la pandemia llegaron a niveles históricos.

Es por ello que el Ministerio de Salud ha puesto en marcha un Plan de Resolución de Lista de Espera, que según las presentaciones que ha hecho la autoridad en diversas instancias, tiene como objetivo disminuir los tiempos de espera y las garantías del GES atrasadas. Con ello se busca aumentar la producción de la red asistencial mediante más productividad, producción, derivación a prestadores privados, entre otros.

Y la estrategia que ha estado usando para ellos es realizando atenciones en hospitales de alta complejidad en horarios no hábiles o fines de semana, operativos con ONG, colegios profesionales y Fuerzas Armadas, alianzas publico privadas, alianzas con los gobiernos regionales, reforzando programas de cuidado de la salud en atención primaria y mejorando el contacto con las personas en espera.

Si bien ha cumplido con su objetivo de disminuir el tiempo de espera, las atenciones y pacientes que esperan se mantienen en niveles muy altos. A septiembre de este año existen 2,1 millones de consultas de especialidad aún pendientes y 328 mil cirugías, según cifras del Minsal.

Para Carolina Moraga, académica Unidad Salud Pública, Facultad de Ciencias de la Salud Universidad central, (UCEN), “los objetivos que establece el plan de resolución de listas de espera abarcan diferentes aristas fundamentales para disminuir los tiempos de espera en salud, sin embargo, las acciones y tiempos de implementación de estas son los que hay que definir con claridad para conseguir las metas trazadas”.

En ese sentido, sostuvo que, en el punto sobre aumentar la producción de la red asistencial, “esto debe ir acompañado de una fuerte inyección de recursos económicos no solamente por el aumento del recurso humano requerido sino también de tecnología sanitaria que vaya a la par con las demandas en salud actuales”.

A su vez, destacó que esa inyección puede verse potenciado “si se realiza un trabajo en colaboración con prestadores privados, como se hizo durante la pandemia. Al menos en el corto plazo, esta alianza permitiría disminuir las altas cifras y recuperar posibilidad de atención oportuna del sistema”.

En la misma línea se mostró el asesor del Ipsus de la U. San Sebastián, Manuel José Irarrazabal, quien manifestó que, si bien ha habido un acortamiento ‘pequeño’ de los tiempos, en la línea gruesa “no hemos progresado nada, ya que lo que se ha hecho ha sido insuficiente o inadecuado”, indicó.

Al respecto, recordó la medida utilizada durante la pandemia, en la cual se generó una integración tanto de la red pública como privada, para hacer frente al aumento que hubo de pacientes que requerían de una cama para cuidados intensivos por el Covid-19.

“Se trata de una medida que sí resolvió el problema. En esta coyuntura en que tenemos a 2 millones de personas esperando por una interconsulta, 350 mil esperando para cirugía, y se agregan los más de 40 mil prestaciones GES que no han cumplido con los plazos que la ley estipula, creo que estamos frente a una situación dramática, que requiere de medidas extraordinarias y el ejemplo que tenemos con la pandemia, es saludable”, sostuvo.

Irarrazabal explicó que “en esa oportunidad la autoridad, a través de un decreto de emergencia sanitaria, logró alinear a todos los prestadores del país para que destinaran su infraestructura y recursos humanos, para atender a pacientes Covid. Eso no fue gratis y el Estado tuvo que pagar el costo de esas atenciones, pero a precios del sector público”.

Dado el momento y las altas cifras que hay de atenciones retrasadas, a su juicio, “correspondería hacer un símil, no necesariamente con un decreto de emergencia sanitaria porque eso se presta para arbitrariedades, pero con un acuerdo, negociando, cuánto cobran las clínicas, y cuánto está dispuesto a pagar el Estado. Así se puede resolver esto durante un par de años, mientras la reestructuración interna del sistema publico de salud mejora, ya que esa reestructuración no se hará de la noche a la mañana y va a demorar”.

Paralelamente, sostuvo que “se debe trabajar en medidas organizacionales como funcionamiento de los CESFAM, formación de especialistas, establecer fichas médicas electrónicas universal, entre otros, que, si bien pueden ayudar, considera que no van a resolver el problema. Hay que tomarse en serio lo que está sucediendo”.

 

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