NACIONAL


A través de esta acción judicial, el Servicio busca que la empresa devuelva el dinero e indemnice a todos los consumidores que habrían sido afectados por estas prácticas y se le apliquen las máximas multas establecidas en la Ley.

El Servicio Nacional del Consumidor dio a conocer que presentó una demanda colectiva en contra de La Polar “por venta de ropa falsificada y por falta de información a los consumidores sobre las prendas que ha estado comercializando”.

Precisó que la decisión se adoptó ante la gravedad de los hechos y tras la información recogida en la investigación, luego de la citación a declarar de los representantes de la multitienda, y de los representantes legales en Chile de Adidas, Columbia y Forus; la respuesta a oficios; antecedentes proporcionados por otras instituciones públicas; la querella criminal de Aduanas por presunto delito de contrabando, fiscalizaciones presenciales y remotas del Sernac en Santiago y Concepción, y los reclamos de los propios consumidores.

“El Sernac estima que existen antecedentes suficientes para establecer que La Polar ha estado comercializando prendas de vestir no originales o auténticas, al menos desde 2020, con rótulo de marcas de reconocido prestigio”, puntualizó.

“Tras analizar los antecedentes concluimos que La Polar estaría vendiendo ropa no original, situación que nos parece de la máxima gravedad, pues se trata de una práctica que afecta la confianza que los consumidores y al mercado formal, que día a día compite por entregar productos y servicios de calidad”, enfatizó el director nacional del organismo, Andrés Herrera.

A través de esta demanda colectiva, el Sernac buscará que la empresa devuelva el dinero e indemnice a todos los consumidores que fueron afectados por estas prácticas, según sea el caso.

Además, el Servicio solicita que la justicia obligue a la compañía al cese de la venta de este tipo de productos, a la implementación de un plan de cumplimiento que evite tales conductas y aplique el máximo de las multas por haber infringido una serie de derechos básicos de los consumidores, donde arriesga multas que podrían llegar hasta 3.000 UTM (alrededor de 183 millones de pesos), por cada uno de los afectados.

 

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