NACIONAL


Ángela Vivanco, vocera del máximo tribunal e integrante de la Tercera Sala que emitió resolución contra las aseguradoras privadas, explicó los argumentos de la corte para emitir inédita decisión y sus alcances.

La vocera de la Corte Suprema e integrante de la Tercera Sala del máximo tribunal, Ángela Vivanco, aclaró que el fallo emanado este jueves en contra de las Isapres, y que dejó sin efecto el proceso de readecuación de precios de los planes de salud, beneficiará a todos los afiliados del sistema y no solo a aquellos que demandaron o presentaron recursos de protección.

La magistrada explicó que esta resolución “abarca a todos los afiliados de las Isapres porque el alza no refiere a personas determinadas, sino que es un alza general. El haberse establecido un alza general, para todos los planes y todos los afiliados, favorece a todos aquellos que, estando afiliados a las Isapres, se les aplicó esta alza, y se ordena que se deje sin efecto”.

Vivanco agregó que si “eventualmente, hubiera habido pagos debido a ello, o cambios de planes de personas que ya no pudieron sostener su plan por esta alza, se devuelva a las personas a los planes correspondientes y se devuelvan como excedentes los fondos que se hayan pagado en razón del reajuste, no de los fondos que se pagan comunes y corrientes en los planes, esos se tienen que seguir pagando”, explicó.

Además, aclaró que, si bien las Isapres tiene la facultad legal de reajustar el precio de los planes de salud de sus afiliados una vez al año, este reajuste tiene que ser argumentado y justificado, y es ahí donde estuvo la falencia del proceso que llevó a la corte a dejarlo sin efecto.

“Es importante decir que la normativa que en este momento rige, efectivamente permite hacer estos ajustes de plan que permiten un alza, pero hay dos elementos que hay que tener en cuenta y son los que se han revisado en el fallo: uno, es que la Superintendencia de Salud determina un tope y luego que, para determinar finalmente cuál es el reajuste que tendrá cada Isapre tiene que comunicarle a la superintendencia si va a llegar a ese tope o a menos que eso, pero tiene que fundamentar adecuadamente esa alza”.

Lo que sucedió es que “habiendo una normativa que lo permite, sin embargo, se ha estimado que no se han acompañado los documentos que justifican esa alza. En consecuencia, lo que se ha dicho es que un alza que no cuenta con esa justificación tiene que ser dejada sin efecto y con la superintendencia tendrá que determinarse los modos que las Isapres, entonces, justifiquen las alzas que ellas mismas declararon”, sostuvo.

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