OPINIÓN


Francisco Castañeda G., académico Escuela de Negocios, Facultad de Humanidades, Universidad Mayor.

El texto constitucional, que deberá aprobarse el 4/7, ya aprobó la forma de Estado denominada “Estados regionales con entidades territoriales autónomas, dotándolas de autonomía política, financiera y administrativa para llevar a cabo sus objetivos”.

Para materializar esto, se crearán nuevas instancias decisorias: la Asamblea Regional, el Consejo Social Regional y el Consejo de Gobernaciones. Por tanto, se esperaría que, a las actuales autoridades supranacionales, les esperaría algún grado de rivalidad con estos estados regionales en cuanto a la provisión de determinados bienes públicos (habrá puja).  ¿Quién decidirá esto?

Además, respecto al independentismo (en ciernes), se salva el articulado con una norma de que esto no implica separación territorial, pero si queda algún espacio para que grupos radicales identitarios presionen por proseguir el camino propio.

También a estas autonomías territoriales se les concederá autonomía financiera (capacidad de emitir deuda, entre otros), y naturalmente el Estado chileno deberá actuar de prestamista de última instancia en caso de déficit crónicos y crecientes, con lo cual es plausible que a través de esta vía aumente el déficit fiscal y los pasivos contingentes del fisco.

Amén de que los estados regionales podrían aplicar determinados tributos en sus territorios (con riesgos de subinversión por superposición parcial de impuestos), podrán constituir empresas públicas regionales y se otorga el derecho de aprobación o rechazo a grupos ancestrales en casos que se afecten sus derechos sociales en este proyecto de nueva constitución.

Aunque se ha avanzado mucho en materia de descentralización en las últimas décadas, esta forma de adecuación del Estado impone serios riesgos para las finanzas públicas, para la inversión y para la soberanía nacional.

Chile debe ir aumentando el gasto público sub-nacional, pero debe ser realizado con una gobernanza clara, que no sea en rivalidad con el gobierno central, que no duplique o triplique la fronda burocrática, y sobre todo que llegue a los sectores que más lo necesitan.

Así las cosas, no veo cómo el actual gobierno podría establecer un pacto tributario con el sector empresarial que entregue estabilidad a los agentes económicos, dado los enormes riesgos que habría sobre el erario nacional de ser aprobada la nueva constitución con esta norma. En todo caso, en esto los ciudadanos tendrán la última palabra en el plebiscito de salida.

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