Los diputados de la bancada UDI Renzo Trisotti, Henry Leal, Cristóbal Martínez y Natalia Romero presentaron tres proyectos de ley que buscan facilitar la expulsión de los extranjeros que se encuentran privados de libertad, destacando que ayudaría a disminuir los altos niveles de hacinamiento que se viven al interior de los recintos penales.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas explicaron que la primera iniciativa busca imponer al Presidente el deber de decretar, en un plazo máximo de 60 días, la expulsión inmediata de todos los migrantes que estén condenados por los delitos de robo, hurto o tráfico (Ley 20.000), recordando que ya para el año 2017 el gasto que realizaba el Estado por cada interno ascendía a los $724.000 mensuales.

“Hace algunos días, el Ministerio Público no solo informó que entre 2016 y 2020 aumentaron en un 355% el número de extranjeros imputados en el país, sino que también nos enteramos de graves denuncias de extorsión que están cometiendo bandas de migrantes al interior de las cárceles. Por eso creemos que el Gobierno debe dejar de lado su pasividad y empezar a tomar acciones concretas en esta materia, expulsando a todos los que se encuentran condenados por delitos que no son de sangre, lo que nos permitirá descongestionar nuestras cárceles y evitar que sigan delinquiendo desde los recintos penales”, enfatizaron los legisladores de oposición, a través de un comunicado.

En esa línea, Trisotti, Leal, Martínez y Romero detallaron que las otras dos iniciativas consisten en aumentar el catálogo de delitos por los cuales justamente pueden ser deportados los extranjeros condenados por la justicia, de manera de incluir a quienes han cometido, por ejemplo, hurtos, robo, lesiones, tráfico, entre otros, sin importar que tengan un permiso de residencia. En tanto, el tercer proyecto -explicaron- busca que en los casos donde un extranjero sea condenado por los delitos establecidos en la Ley 20.000, el tribunal estará obligado a sustituir el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, impidiendo que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años.

“Estos tres importantes proyectos tienen como objetivo descongestionar de aquí a dos meses todas las cárceles de nuestro país y expulsar a cada uno de los migrantes que llegaron solo a delinquir a Chile. Y una vez completado ese proceso, quienes se atrevan a seguir cometiendo delitos en nuestro país sabrán que deberán cumplir su condena fuera de acá, porque no vamos a seguir permitiendo que con los impuestos que pagan todos los chilenos estemos subsidiando a miles de delincuentes extranjeros”, insistieron los parlamentarios, quienes finalmente emplazaron al Ejecutivo a patrocinar los tres proyectos, resaltando que “es una de las pocas alternativas que tienen en sus manos para demostrarnos con hechos que quieren combatir la delincuencia y la migración ilegal”.

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